ARTÍCULO 95.- El Consejo General es el órgano superior de dirección y decisión electoral en el Estado, residirá en la ciudad de Aguascalientes y funcionará de manera permanente.

El Consejo General estará integrado en forma ordinaria por tres Consejeros Electorales, electos por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, de los cuales uno será presidente y dos serán vocales, durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos por un nuevo periodo.

El Consejo General, en año electoral, se ampliará en su integración, con cuatro Consejeros Electorales temporales, electos por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, quienes desempeñarán el cargo del primero de enero del año de la elección a la fecha en que se declare por concluido el proceso electoral por el propio Consejo General. Los Consejeros electorales temporales serán electos para dos procesos electorales.

Por cada consejero permanente o temporal se elegirá un suplente. Ante las inasistencias de un Consejero por más de quince y menos de treinta días se deberá llamar en forma temporal a las labores, al respectivo suplente; ante la inasistencia de un consejero por más de treinta días se deberá llamar al respectivo suplente en forma definitiva.

Serán integrantes del Consejo General, con voz pero sin voto:

I. Un Secretario Técnico;

II. Un representante de cada partido político debidamente acreditado ante el Consejo, y

III. Un representante del Vocal Estatal del Registro Federal de Electores.

El cargo de Consejero Electoral no será compatible con cargo de servidor público alguno, así como con cualquier cargo por el que se reciba pago con recursos públicos. Los consejeros electorales recibirán una retribución económica de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, la cual no podrá ser mayor a veintidós salarios mínimos diarios vigentes en el Estado.

El Consejero Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

El Instituto contará, además, con el personal administrativo y profesional necesario para el cumplimiento de sus funciones, el cual se nombrará bajo los criterios del servicio profesional electoral del Instituto, a excepción del Secretario Técnico del Consejo, el titular del Organismo de Fiscalización, el Director Administrativo, el Director de Capacitación y Organización Electoral y el Director Jurídico, los cuales serán nombrados conforme al procedimiento establecido en este Código.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO CUARTO.- A más tardar el 31 de mayo del 2009, el Congreso del Estado deberá nombrar a los tres consejeros electorales permanentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los cuales tomaran posesión de su cargo el día 15 de agosto del 2009, por lo que los Consejeros Ciudadanos concluirán sus funciones el día 14 de agosto del 2009. Los consejeros ciudadanos tendrán derecho a participar dentro del proceso para la designación de los tres consejeros electorales permanentes.

PRIMERO. En primer lugar, el acto de autoridad impugnado, agravia el derecho político electoral de la suscrita consistente en permanecer integrando la Autoridad Administrativa Electoral en esta Entidad Federativa y contraría lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en virtud de que la misma violenta el principio de irretroactividad de las leyes, establecido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece lo siguiente:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."

Lo anterior es así, toda vez que el cuerpo normativo que se impugna, establece en los artículos 95 y Cuarto Transitorio, lo siguiente:

"Artículo 95. El Consejo General es el órgano superior de dirección y decisión electoral en el Estado, residirá en la ciudad de Aguascalientes y funcionará de manera permanente.

El Consejo General estará integrado en forma ordinaria por tres Consejeros Electorales, electos por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, de los cuales uno será presidente y dos serán vocales, durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

El Consejo General, en año electoral, se ampliará en su integración, con cuatro Consejeros Electorales temporales, electos por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, quienes desempeñarán el cargo del primero de enero del año de la elección a la fecha en que se declare por concluido el proceso electoral por el propio Consejo General. Los Consejeros electorales temporales serán electos para dos procesos electorales.

Por cada consejero permanente o temporal se elegirá un suplente. Ante las inasistencias de un Consejero por más de quince y menos de treinta días se deberá llamar en forma temporal a las labores, al respectivo suplente; ante la inasistencia de un consejero por más de treinta días se deberá llamar al respectivo suplente en forma definitiva.

Serán integrantes del Consejo General, con voz pero sin voto:

I.Un Secretario Técnico;

II.Un representante de cada partido político debidamente acreditado ante el Consejo, y

III.Un representante del Vocal Estatal del Registro Federal de Electores.

El cargo de Consejero Electoral no será compatible con cargo de servidor público alguno, así como con cualquier cargo por el que se reciba pago con recursos públicos. Los consejeros electorales recibirán una retribución económica de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, la cual no podrá ser mayor a veintidós salarios mínimos diarios vigentes en el Estado.

El Consejero Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

El Instituto contará, además, con el personal administrativo y profesional necesario para el cumplimiento de sus funciones, el cual se nombrará bajo los criterios del servicio profesional electoral del Instituto, a excepción del Secretario Técnico del Consejo, el titular del Organismo de Fiscalización, el Director Administrativo, el Director de Capacitación y Organización Electoral y el Director Jurídico, los cuales serán nombrados conforme al procedimiento establecido en este Código."

"ARTÍCULO CUARTO.- A más tardar el 31 de mayo del 2009, el Congreso del Estado deberá nombrar a los tres consejeros electorales permanentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los cuales tomaran posesión de su cargo el día 15 de agosto del 2009, por lo que los Consejeros Ciudadanos concluirán sus fundones el día 14 de agosto del 2009. Los consejeros ciudadanos tendrán derecho a participar dentro del proceso para la designación de los tres consejeros electorales permanentes."

Disposiciones que de manera adminiculada, violentan flagrantemente los derechos político-electorales de la suscrita al modificar las condiciones bajo las cuales fui nombrada como Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, lo anterior en virtud de que la suscrita fui nombrada para un período de cuatro años, situación que indebidamente fue modificada con la entrada en vigor del nuevo Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

Lo anterior es así, toda vez que el período para el que fui nombrada para desempeñar el cargo de Consejera Ciudadana lo fue de cuatro años, contado a partir del tres del mes de marzo del dos mil seis, de conformidad con el entonces vigente artículo 68, fracción I del Código Electoral del Estado de Aguascalientes hoy abrogado, sin embargo tal y como se observa con claridad de los artículos 95 y cuarto transitorio del nuevo Código Electoral, indebidamente se establece un período menor para el que fui nombrada, lo que indudablemente afecta los citados derechos político electorales de la impetrante, ya que los preceptos legales trascritos con anterioridad, desconocen indebidamente los derechos que con motivo del nombramiento de la suscrita se actualizaron en mi patrimonio legal y que de manera alguna, inclusive con la emisión de una nueva disposición legal pueden arrebatarse ni modificarse en perjuicio de su titular. Situación que se contrapone a las condiciones bajo las cuales la suscrita fui nombrada como Consejera Ciudadana, mismas que se insiste fueron estipuladas dentro de la fracción I del artículo 68 del entonces Código Electoral del Estado de Aguascalientes, precepto legal que para mayor claridad de lo anterior me permito reproducir textualmente:

"ARTICULO 68.- El Consejo es el órgano superior de dirección electoral en el Estado residirá en la ciudad de Aguascalientes y funcionará de manera permanente.

El Consejo se integrará por:

I.- Siete Consejeros Ciudadanos que durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser reelectos por una sola ocasión

(…)"

Lo contrario equivaldría a actualizar una violación flagrante a los derechos políticos electorales de la suscrita de continuar con el encargo de Consejera Ciudadana dentro del Consejo General del Instituto Federal Electoral, razón por la cual, se considera que la reforma impugnada debe ser declarada inaplicable por ir contra lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normativa electoral vigente, atentando de manera cierta, directa e inmediata mis derechos políticos electorales.

Aunado a lo anterior cabe precisar que la suscrita se ve afectada con el acto de autoridad impugnado, en virtud de que la integración que se pretende aplicar lo es de tres Consejeros y no siete como actualmente se encuentra integrado, lo que irremediablemente constituye un cambio injustificado en las condiciones bajo las cuales la suscrita fui nombrada, situación que al no haber sido observada por el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes es que genera la ilegalidad del acto de autoridad impugnado al ir contra el principio de no retroactividad de las leyes en perjuicio de los ciudadanos, establecido en nuestra Carta Magna, violentando con ello mis derechos político electorales de continuar en el ejercicio de mi encargo.

En el caso que nos ocupa, el nombramiento de la suscrita como Consejera Ciudadana acontecido en el año dos mil seis, constituye un derecho adquirido de la suscrita, en virtud de los siguientes elementos:

a) El Decreto No. 148 expedido por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes en fecha tres de marzo del año dos mil seis, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en su Tomo LXIX, Primera Sección, número 11, de fecha trece de marzo de dos mil seis, mediante el cual fui nombrada Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

b) El artículo 68 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes vigente en dicha fecha, mediante el cual se establece la duración en el cargo de Consejero Ciudadano, por el período de cuatro años, que en el caso que nos ocupa lo es a partir del nombramiento de la suscrita el pasado tres de marzo del dos mil seis.

El referido derecho adquirido de la suscrita, consistente en la atribución para desempeñar la función como Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, debe ser entendido como aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico, situación que se actualiza de manera idónea en el caso que nos ocupa, ya que al amparo de una lev vigente la suscrita fui designada como Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, estatus que no puede ni debe ser afectado con la expedición de una ley posterior al nombramiento que nos ocupa.

El concepto jurídico de la retroactividad tiene una connotación estricta, no basta que una ley modifique situaciones del pasado, sino que, además, debe producir efectos perjudiciales concretos, sobre un sujeto de derecho determinado, para que se considere que el contenido del precepto es infractor de la prohibición contenida en la disposición constitucional del artículo 14 de nuestra Carta Magna.

Es un criterio sostenido por el órgano máximo en materia jurisdiccional de nuestro país, que las legislaturas no pueden expedir una ley con efectos retroactivos lesionando con ello derechos adquiridos de los ciudadanos, destruyendo situaciones jurídicas individuales creadas al amparo de una ley anterior, por lo que es indudable que no se puede expedir una ley que vuelva sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto o para modificar los efectos de un derecho ya realizado, supuesto que se actualiza en el caso que nos ocupa, de manera cierta e inmediata, desde el momento en que el ordenamiento hoy impugnado entró en vigor, de conformidad con su artículo Primero Transitorio, el cual se reproduce a continuación para mayor esclarecimiento:

"ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."

Como se puede advertir claramente del precepto legal antes trascrito, las reformas respecto a la integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes, entraron en vigor a partir del pasado veintisiete de enero del presente año, en razón de que su publicación se efectuó el veintiséis de enero de los corrientes, especificando textualmente que los actuales Consejeros, incluidos en aquellos, la que suscribe la presente, concluirán su cargo hasta el próximo día catorce de agosto de dos mil nueve. En ese sentido, si la reforma tiene efectos un día después a su publicación, es evidente que la situación jurídica de la suscrita quien fuera designada el tres de marzo del dos mil seis por un período de cuatro años, según lo previsto por el artículo 68 del entonces vigente Código Electoral del Estado de Aguascalientes, se ve vulnerada por disposiciones posteriores, en razón de que mi derecho a permanecer en el cargo referido se actualizó desde mi designación el pasado año dos mil seis, de ahí la vulneración al artículo 14 constitucional.

Hay situaciones jurídicas nacidas y extinguidas bajo el imperio de una sola ley, pero también hay otras situaciones que, aunque nacidas al amparo de una ley, sus efectos tienen que prolongarse más allá de la fecha en que esa ley fue abrogada o sustituida por otra, por haberse creado derechos individuales que no pueden desconocerse sin violar el principio de no retroactividad establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que este H. Tribunal Electoral Federal no puede dejar pasar por alto, ya que tal y como se observa del ordenamiento impugnado, lo establecido en su contenido vuelve al pasado afectando con ello los derechos adquiridos de la suscrita como Consejera Ciudadana, en primer lugar al reducir el número de miembros del propio Consejo General, de siete a tres Consejeros; así como la reducción injustificada del período del cargo, de cuatro a tres años, afectando sustancialmente los términos que fueron establecidos en la norma bajo la cual la suscrita fui designada, lo cual de manera por demás evidente constituye un derecho adquirido de la misma, el cual no puede ser desconocido, ya que conforme a nuestro régimen constitucional, ningún derecho adquirido puede ser arrebatado, ni aun por mandato posterior del legislador o fuese dictado como ordenamiento expreso del poder constituyente, ya que toda aplicación retroactiva de la ley, viola las garantías que consigna el artículo 14 constitucional y en el caso que nos ocupa, los derechos político electorales de la impetrante.

Máxime si dicho derecho pertenece ya al patrimonio jurídico y económico de la suscrita, por lo que en ese sentido resulta violatorio de los derechos político-electorales de quien suscribe, en específico la prerrogativa de continuar ejerciendo como autoridad electoral en el Estado de Aguascalientes, mediante la aplicación de una norma de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna.

De igual forma, causa perjuicio a la impetrante la reforma hoy impugnada, en particular lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, el cual se reproduce a continuación para mayor esclarecimiento:

"Artículo 95

(...)

El Consejo General estará integrado en forma ordinaria por tres Consejeros Electorales, electos por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, de los cuales uno será presidente y dos serán vocales, durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

(…)"

El precepto legal anteriormente trascrito establece en perjuicio de los derechos político-electorales de la suscrita, la determinación de que el Congreso del Estado será el Órgano encargado de elegir los integrantes del Consejo General y de entre ellos al Presidente de la máxima autoridad electoral en el Estado, lo anterior es así en virtud de que bajo el amparo de una legislación vigente, la impetrante en conjunto con los demás integrantes del Consejo General constituidos en pleno, tenía la facultad de elegir al Presidente del citado Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a través del voto del propio Organismo Electoral, tal y como se desprende de la lectura a la fracción II del artículo 68 del Código Electoral del Estado hoy abrogado, precepto legal que se trascribe para mayor esclarecimiento:

"ARTÍCULO 68.- El Consejo es el órgano superior de dirección electoral en el Estado residirá en la ciudad de Aguascalientes y funcionará de manera permanente.

El Consejo se integrará por:

(...)

II.- Un Consejero Presidente que será electo por el Pleno, elegido por mayoría absoluta, de entre los Consejeros que lo integran, el cual podrá ser removido del cargo de Presidente por mayoría calificada del Pleno por incumplir con las obligaciones que le atribuye este Código.

(…)"

Del precepto legal anteriormente trascrito se desprende, el procedimiento bajo el cual los integrantes del Consejo General constituidos en pleno, eligieron al Consejero Ciudadano que desempeñaría el cargo de Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a saber, mediante la votación por unanimidad de los consejeros integrantes del Órgano Electoral, situación que el legislador omite en respetar al abrogar dicha norma, modificando la condición prevista y por ende trasgrediendo los derechos adquiridos con antelación por la suscrita.

Lo anterior constituye de igual forma una flagrante violación a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna, el cual a la letra establece lo siguiente:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

(…)

La garantía constitucional anteriormente trascrita, impone una obligación a las autoridades legislativas en cuanto a su emisión y a las ejecutivas en cuanto a su aplicación, consistente en abstenerse de transgredir los derechos previamente adquiridos por las personas con la vigencia de normatividad alguna, en ese sentido, en el caso que nos ocupa, resulta claro que las autoridades legislativa y ejecutiva en el Estado de Aguascalientes, fueron omisas en acatar el precepto constitucional en comento, al emitir y publicar el acto de autoridad hoy impugnado, en virtud de que en dicho ordenamiento, como se ha especificado con anterioridad, pretenden violentar los derechos políticos-electorales de quien suscribe, al asentar que el cargo de Presidente del Consejo deberá ser nombrado por el propio Congreso del Estado, de entre los integrantes del Órgano Electoral referido, violentando el derecho de la impetrante, consistente en la atribución de elegir en conjunto con los demás Consejeros Ciudadanos constituidos en pleno, al Consejero Ciudadano que habrá de desempeñar el cargo de Presidente de dicho órgano electoral, actualizando con ello la violación de la que se duele la suscrita.

Lo anterior es así, en virtud de que el nombramiento del Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, trae aparejadas diversas reglas de manera intrínseca, en particular condiciona a la autoridad encargada de la remoción del mismo, es decir, las facultades de nombramiento incluyen las de sustitución, por lo que en ese sentido, la impetrante al pertenecer al Consejo General, posee el derecho de sustituirlo, en el supuesto que se presentare una causal para ello, bajo el mismo procedimiento que se observó para su nombramiento, e incluso la posibilidad de que la suscrita pudiere ocupar dicho cargo mediante el procedimiento hoy abrogado, sin embargo, las modificaciones realizadas en materia electoral hoy impugnadas, al establecer que el nombramiento del Presidente del Consejo General será realizado por el Congreso del Estado, otorgan de manera indebida a dicho ente legislativo las atribuciones para sustituir al referido Consejero Presidente de dicho cargo público, lo que indudablemente constituye una flagrante violación a los derechos de la suscrita, concedidos con anterioridad a la emisión de la norma vigente y por ende a lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 constitucional antes descrito, así como a los derechos políticos-electorales de la impetrante, mismos que al haber entrado al patrimonio jurídico de quien suscribe, no pueden ser modificados en mi perjuicio por normatividad posterior alguna.

A mayor abundamiento de lo anterior, resulta pertinente realizar un análisis de las Teorías de la Retroactividad de la Ley, de los Derechos Adquiridos y de los Componentes de la Norma, lo anterior a fin de evidenciar con mayor claridad la existencia de la violación a los derechos político-electorales de la suscrita con la emisión de la norma general impugnada.

La teoría clásica de la retroactividad es la de los derechos adquiridos, debida originalmente al jurista francés Felipe Antonio Merlín, compilada en el "Repertoire de Jurisprudente" datado del año 1810, en la cual se estableció de manera contundente que la ley es retroactiva cuando modifica o desconoce los derechos adquiridos de acuerdo con una ley anterior y que no lo es, aún obrando sobre el pasado, si sólo rige lo que conforme a la ley derogada constituía una simple expectativa o facultad.

En ese orden de ideas, debe entenderse que los derechos adquiridos son los que han entrado al dominio de la persona, forman parte de él y no pueden de ninguna forma arrebatarse de su haber jurídico; mientras que la expectativa es sólo una esperanza, fundada en un hecho pasado o en un estado presente de cosa, de gozar de un derecho, cuando éste nazca.

Otra teoría de la retroactividad es la que formula el jurista francés Julien Bonnecasse y está basada en la distinción entre las situaciones jurídicas abstractas y las concretas. Cuando la ley se expide, crea situaciones abstractas, que se transforman en concretas cuando se realiza determinado hecho previsto por la misma ley y en virtud del cual nacen derechos y obligaciones para el ciudadano involucrado.

En este sentido la ley retroactiva es la que no respeta las situaciones concretas nacidas de acuerdo con una ley anterior, al desconocer las ventajas jurídicas adquiridas por tal situación o aumentar las cargas inherentes a la misma; entonces la nueva ley, por lo contrario, puede libremente modificar las situaciones abstractas derivadas de leyes, previas:

Situación que en el caso que nos ocupa no acontece, ya que no se puede hablar de situaciones abstractas sino concretas ya que la hipótesis abstracta consistente en que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral se integra por siete Consejeros Ciudadanos electos por un período de cuatro años, se actualizó cuando la suscrita fui designada con dicho cargo, lo que conlleva el nacimiento y existencia real de derechos adquiridos de la suscrita, los cuales no deben de ser modificados ni desconocidos con motivo de la creación de una ley que abrogue dicha situación concreta, como sucede en el caso que nos ocupa, con el ordenamiento hoy impugnado.

Por su parte, el jurista español Joaquín Escriche Martín, define el Principio de Retroactividad en el Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia de la siguiente forma:

"Este principio no se escribió en el frontispicio de los códigos romanos y de los nuestros, sino para servir de preservativo a los individuos de la sociedad contra los caprichos del legislador, esto es, para impedirle que viole nuestra seguridad personal, haciéndonos castigar hoy por un hecho de ayer que no estando vedado cuando se ejecutó se debía tener por permitido, o que atente arbitrariamente contra nuestra propiedad despojándonos de bienes o derechos que habíamos adquirido bajo los auspicios de leyes anteriores. Este es, y no otro, el verdadero y único motivo del principio".

Lo que a la luz de los hechos que constituyen el fondo de la presente demanda, encuentra sustento en cuanto a que no es posible que por capricho del legislador se afecten los derechos de la suscrita a permanecer en el cargo para el que fui designada por el período legal establecido en la norma vigente en ese momento.

En esa misma obra se señala que:

"los derechos adquiridos son los que han entrado en nuestro patrimonio y hacen parte de él, y que ya no pueden quitársenos por el mismo de quien los hemos obtenido. Tales son los derechos que se derivan inmediatamente de un contrato, los que nos ha conferido un testamento cuyo autor ha muerto, los que tenemos a una sucesión abierta en virtud de una ley vigente al tiempo de abrirse. Pero no son tales los derechos puramente facultativos, a menos que los hayamos ejercido, y que por razón de este, ejercicio se hayan hecho nuestras las cosas que son su objeto. Hay en efecto facultades otorgadas por la ley, como las hay otorgadas por particulares; y si estas son esencialmente revocables mientras no toman el carácter de derechos estipulados o convencionales, aquellas no dejan de serlo jamás, porque el legislador no contrata cuando concede una facultad; permite, pero no se obliga; conserva siempre el poder de retirar su permiso, y aquellos a quienes lo retira antes que hayan hecho uso de él, no tienen pretexto alguno para quejarse".

De lo anterior se desprende claramente que los derechos adquiridos, como prerrogativas que han entrado en el patrimonio jurídico de las personas, no pueden ser arrebatadas, cuanto menos disminuidos por nadie, menos aún por la autoridad legalmente constituida competente, que en uso de sus facultades me los otorgó, a saber el H. Congreso del Estado de Aguascalientes.

Por otra parte, de conformidad con la Teoría de los Componentes de la Norma, la cual establece que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, por lo que si dicho supuesto se realiza, la consecuencia establecida debe generarse, produciéndose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma se encuentran en posibilidad de ejercitar los derechos creados y cumplir con las obligaciones generadas.

Teoría que ilustra perfectamente, que con motivo de la designación de la suscrita como Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, se actualizó así el supuesto contenido en la norma que en ese momento gozaba de plena vigencia, generándose con ello, derechos y obligaciones que desde ese momento hasta la fecha, la suscrita he ejercitado legalmente, por lo que es de concluirse que en el presente caso, la permanencia de la suscrita en mi cargo como Consejera Ciudadana, a la luz de la Teoría de los Derechos Adquiridos constituye un activo dentro del patrimonio legal de la suscrita, mismo que de conformidad con el principio de irretroactividad de la ley, contenido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ser desconocido, modificado o extinguido con motivo de la creación de una nueva ley que abroga diversas normativas hasta hoy vigentes en la materia.

Resulta claro que el Congreso del Estado de Aguascalientes, goza de facultades para emitir leyes en el ámbito de su competencia, sin embargo éstas deben expedirse siempre armónicas al derecho vigente y con la prudencia de no violentar ni lesionar derechos adquiridos por los ciudadanos, en virtud de lo establecido por la Constitución Federal en el primer párrafo del artículo 14.

Por otra parte, la violación a mis derechos político electorales mencionada en el cuerpo del presente escrito, se ve manifiesta también en el sentido de que el supracitado artículo 95 del acto impugnado, en particular, en su párrafo sexto, establece condiciones distintas a las que la suscrita fui nombrada como Consejera Ciudadana bajo el amparo de una ley vigente en su momento, lo anterior establece a la letra lo siguiente:

"Artículo 95.- (...)

...Los Consejeros Electorales recibirán una retribución económica de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, la cual no podrá ser mayor a veintidós salarios mínimos diarios vigentes en el Estado.

(…)"

Del precepto legal anteriormente trascrito, se desprende la flagrante violación a los derechos político electorales de la suscrita, al imponer el legislador condiciones distintas a las que ostentaba quien suscribe con antelación, en evidente trasgresión a lo establecido por el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantía que protege la justa remuneración por el desempeño de un determinado cargo o profesión, como en el caso que nos ocupa, lo constituye el de desempeñar la función de Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, lo anterior de manera retroactiva y en perjuicio de los derechos previamente adquiridos por quien suscribe la presente, ya que bajo el amparo de la legislación vigente al momento de mi nombramiento, no se estipulaba limitante alguna respecto a mi retribución económica, situación que de manera indebida el legislador modificó, pasando con ello por alto, mis derechos político electorales, aplicando a quien suscribe de manera retroactiva el acto de autoridad que hoy se impugna, situación que a todas luces resulta improcedente, ya que tal y como ha quedado de manifiesto a lo largo de la presente demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, quien suscribe actualmente posee dentro de su haber jurídico o patrimonio, con el derecho a continuar recibiendo la remuneración económica de acuerdo con la legislación cuyo amparo me fue otorgado el cargo como Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, sin atadura o limitación alguna que no estuviera prevista en la normatividad vigente en dicho momento, razón por la cual, solicito se declare la procedencia del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, ya que como se aprecia, el acto de autoridad impugnado, indebidamente genera un perjuicio a la suscrita. Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se establece de manera concreta que dentro de los principios de independencia e imparcialidad de las autoridades electorales, se encuentra la prohibición para disminuirles sus remuneraciones durante su encargo, como en el caso que nos ocupa se actualiza con la mera entrada en vigor del acto de autoridad impugnado, para mayor claridad de lo anterior a continuación me permito reproducir textualmente en criterio en comento:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD." (Se transcribe)

En ese sentido, corre la misma suerte lo establecido en el párrafo anteriormente trascrito, respecto a la actualización de una vulneración a lo establecido por nuestra Carta Magna, y por ende, a los derechos político electorales de quien suscribe, máxime si dicha actuación llevada a cabo por las autoridades hoy responsables, no fueron sujetas a lo establecido por el artículo 16 de la citada Constitución General, el cual consagra las garantías de seguridad jurídica, de legalidad y derecho de audiencia, pues en el caso que nos ocupa, la suscrita he sido sometida a diversos actos de molestia a sus derechos sin que previo a ello se hubiera otorgado la oportunidad de preparar la debida defensa, aunado a que ni siquiera fuera instaurado un procedimiento que cumpliera con los mínimos requisitos constitucionales en apego a las formalidades esenciales del proceso.

De igual forma resulta evidente la ilegalidad del acto de autoridad impugnado, al haber sido omisa la autoridad responsable en respetar las garantías de seguridad jurídica establecidas en nuestra Carta Magna, violentando con ello, el principio de supremacía constitucional así como los derechos políticos electorales de quien suscribe, en particular el de continuar formando parte de la autoridad electoral en el Estado de Aguascalientes, bajo las mismas condiciones que imperaban en el momento de mi designación en flagrante agravio además, al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.

Resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales se reproducen textualmente a continuación:

"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA." (Se transcribe).

"DERECHOS ADQUIRIDOS." (Se transcribe).

"RETROACTIVIDAD. LAS LEGISLATURAS NO PUEDEN EXPEDIR UNA LEY QUE LESIONE DERECHOS ADQUIRIDOS." (Se transcribe).

"DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES." (Se transcribe).

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CÓMO DEBE ENTENDERSE LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL." (Se transcribe).

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS). (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN)." (Se transcribe).

Por lo anterior y ante la flagrante violación al principio de irretroactividad de la ley en mi perjuicio y con ello a los derechos político electorales de quien suscribe, resulta necesario que esa H. Autoridad Jurisdiccional determine la no aplicación del acto de autoridad impugnado, al resultar contrario a lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime si el mismo violenta los derechos políticos electorales de la suscrita, de integrar la autoridad electoral en el Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. Por otra parte, el acto de autoridad impugnado, resulta violatoria a los derechos político electorales de la suscrita y a lo establecido por nuestra Carta Magna, en virtud de que atenta contra los principios rectores en materia electoral establecidos en el artículo 116 fracción IV inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, el de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, concretamente al principio de certeza, lo anterior en virtud de que si bien el artículo cuarto transitorio del acto de autoridad impugnado, establece la fecha límite en que la suscrita permaneceré en mi cargo como Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, no menos cierto es que de acuerdo con lo establecido en el artículo primero transitorio, dicho Código entró en vigor al día siguiente al de su publicación, es decir, el pasado veintisiete de enero del dos mil nueve, por lo que en el preciso momento de su entrada en vigor, generó las siguientes situaciones de derecho:

a) Violentó de manera flagrante lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Conculcó y violentó de manera directa, cierta e inmediata mis derechos políticos electorales, toda vez que expresamente estableció, sin lugar siquiera a interpretación, que el encargo que desempeño actualmente como Consejera Ciudadana concluiría el día catorce de agosto del año dos mil nueve y no el día dos de marzo del año dos mil diez, como fuera estipulado en la legislación local electoral abrogada.

Violaciones cuya existencia se fortalece en virtud de que si bien a la fecha, no ha sido expedida convocatoria alguna relacionada con el procedimiento de renovación del Consejo General, desde el momento mismo de que el Código entró en vigor, generó un menoscabo en la esfera jurídica de derechos político electorales de la suscrita, ya que como se estableció con anterioridad, genera incertidumbre respecto a mi permanencia dentro del Consejo General, toda vez que del texto de los artículos transitorios antes referidos, se desprende con claridad gue el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, estará integrado por tres Consejeros Electorales permanentes y que los actuales Consejeros Ciudadanos, incluida la suscrita, concluiré mi encargo el próximo catorce de agosto del presente año, lo que conlleva a concluir la indebida aplicación retroactiva de la ley impugnada en evidente perjuicio de mis derechos político electorales, lo anterior no obstante que a la fecha no haya sido expedida convocatoria alguna relacionada con el procedimiento de renovación del multicitado Consejo General del Instituto Estatal Electoral, lo que deja a la suscrita en una situación de franca oposición al ordenamiento en comento, generando incertidumbre y por ende una violación a mis derechos político electorales.

En ese orden de ideas, el principio electoral de certeza, contenido en el citado inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de nuestra Carta Magna, se entiende como la necesidad de que todas las acciones que desempeñe la autoridad administrativa electoral se encuentren dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables, elementos que ante el indebido establecimiento de un mecanismo que elimine cualquier confusión en el desarrollo de las actividades del Consejo General nacido bajo el amparo del Código Electoral abrogado con la entrada en vigor del acto de autoridad que se impugna, es que se genera una violación a mis derechos político electorales, al poner en riesgo el correcto desempeño del cargo que la suscrita actualmente ocupa como Consejera Ciudadana del Consejo General del supracitado Instituto Estatal Electoral, por lo que lejos de abonar a la certidumbre y veracidad de las actuaciones de la suscrita, el acto de autoridad que se impugna aleja a la misma del correcto desarrollo de mis funciones.

Lo anterior es así, en virtud de que la peculiaridad o naturaleza de los artículos transitorios, radica en que no regulan conductas de particulares, sino de aquellas autoridades que tendrán en su cargo aplicar la norma, razón por la cual, la suscrita considero que con la emisión del decreto reformador se violentan mis derechos político electorales, ya que obstaculiza el adecuado desempeño de las funciones que me fueran encomendadas al designarme como Consejera Ciudadana del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En virtud del cambio que se produce en el sistema jurídico con las reformas aprobadas, dichos preceptos regular el tránsito de un orden jurídico a otro, mismo que a la fecha ante la omisión de las autoridades que intervinieron en la emisión, promulgación y publicación de la normatividad electoral que se impugna, genera una completa ausencia de seguridad y certeza jurídica en cuanto a la forma y modo de que en el caso particular de la suscrita, transitará en cuanto al desempeño de sus funciones durante el proceso de renovación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, generando una flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese sentido resulta necesario la determinación de la no aplicación del acto impugnado, ante la flagrante violación a lo dispuesto por nuestra Carta Magna.

Situación distinta en la que se encontraría la suscrita, en el supuesto que el acto de autoridad que se impugna, hubiera establecido la aplicación temporal de diversas reglas efímeras cuyo objetivo hubiera sido el coexistir entre el antiguo orden jurídico y el establecido con motivo de la reforma, lo anterior a fin de otorgar certeza jurídica en cuanto al orden jurídico presente, evitando con ello la existencia de conflictos en cuanto a la aplicación de las reformas y las normas derogadas, pues se aplicarán diferenciadamente, según las circunstancias prescritas.

Otro aspecto a considerar para determinar la ilegalidad del decreto impugnado en cuanto a la omisión de determinar en un artículo transitorio en el que se hubieran establecido las bases, mecanismos y plazos respecto de los cuales, los actuales Consejeros Ciudadanos, como es el caso del que suscribe la presente, deberán de seguir desempeñando sus funciones, en el que se respeten las condiciones bajo las cuales los actuales integrantes del Consejo General fueron designados; ya que debemos recordar que atendiendo a la naturaleza de los artículos transitorios de una ley, los mismos forman parte de ella; ya que en ellos se fija, entre otras cuestiones, lo atinente a su aplicación, lo cual permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado y no dé lugar a momento alguno de anarquía, al respecto, situación que irremediablemente se actualiza en el caso que nos ocupa, ya que los artículos transitorios establecidos en la norma que se impugna, lejos de garantizar el correcto transito de respetar las situaciones de hecho y de derecho creadas bajo el amparo de la norma que se abroga y la creación de otros bajo el amparo de la norma abrogatoria, limitándose a establecer de manera por demás anárquica, que los actuales Consejeros Ciudadanos, dejarán de fungir como tal, el próximo día catorce de agosto del presente año, desconociendo indudablemente los derechos político electorales de la suscrita, en cuanto al período para el cual fui designada; al respecto cabe citar la siguiente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede ser ilustrativa para esta H. Sala Superior en el caso que nos ocupa:

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA." (Se transcribe).

Por otra parte, el acto de autoridad que se impugna, violenta mis derechos políticos-electorales, en virtud de que prevé en el artículo 95 que el Consejo General en año electoral se ampliará en su integración con cuatro Consejeros Electorales, lo que impide la permanencia del Consejo General y por ende la posibilidad de que la autoridad electoral se especialice en la materia y se encuentre en condiciones de llevar a cabo el ejercicio profesional de la actividad para la cual fui designada, lo anterior es así, en virtud de que de conformidad con el análisis del artículo 116, fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula el régimen electoral a nivel local, la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones son una función estatal que se realiza a través de instituciones y órganos a los que se les denomina Autoridades Electorales, como órganos especializados y profesionales que tienen a su cargo la organización de los procesos electorales. En ese sentido, la profesionalización de los órganos electorales tiene como fin el garantizar la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, principios constitucionales rectores del propio órgano electoral, ello en razón de que la función electoral constituye una actividad que se lleva a cabo de manera permanente ya que la misma se presenta en dos fases, la primera durante los procesos electorales ordinarios y la segunda durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales ordinarios.

Es en esta segunda etapa, donde se presentan actividades que resultan relevantes y sirven como referentes para el buen desempeño del proceso electoral.

Ahora bien, el acto de autoridad impugnado, en particular en su artículo 95, establece que el Consejo General se conformará ordinariamente por tres consejeros electorales permanentes, mismo que ampliará su integración con cuatro consejeros temporales durante el año electoral, lo anterior permite afirmar que los consejeros temporales solamente participarán durante un lapso de tiempo menor a un año, lo que de manera evidente pone de manifiesto la imposibilidad de que su actividad se realice de manera profesional y permanente en razón de que no ejercerían su función en forma continua y reiterada y por ende, resulta por demás evidente la omisión de conocer y cultivar cierto grado de especialidad.

En base a lo anterior, las características de profesionalismo y permanencia de que debe gozar el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Aguascalientes, no se satisfacerían con la integración establecida en el acto de autoridad que se impugna, lo que de manera flagrante violenta los derechos político electorales de la suscrita. Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se reproduce a continuación para mayor esclarecimiento:

"CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO. EL ARTÍCULO 88, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, AL PREVER QUE AQUÉLLOS SÓLO DURARÁN EN EL CARGO EL PERIODO QUE COMPRENDA EL PROCESO ELECTORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." (Se transcribe).

Es por todo lo anterior, ante la flagrante violación del acto reclamado a los derechos políticos-electorales de la suscrita, así como por resultar contrarias a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que se solicita de esta H. Autoridad Jurisdiccional, la declaración de la improcedencia del acto impugnado, por resultar incompatibles con lo establecido por nuestra Carta Magna.